Amigos mios cito aquí, algunos extractos de comentarios que han sido publicados en la página web de el Consejo Nacional de Educación, donde reconocidos y experimentados investigadores y pedagógos del País expresan sus opiniones sobre la evaluación docente, interioricenlos para que puedan opinar con propiedad.
Luis Adolfo Piscoya Hermoza
ESTA EVALUACIÓN DOCENTE: MÁS DE LO MISMO Y DE LOS MISMOS
www.educandos.org
Es del caso mencionar que durante el gobierno de Fujimori se administraron dos evaluaciones masivas a los docentes que concursaron por su nombramiento con una cobertura de aproximadamente 100 mil evaluados. En aquellas ocasiones, no hubo dificultad alguna para “consensuar” con el SUTEP en la medida que este gremio no formuló objeciones. Tampoco hubo denuncia alguna de que las pruebas hayan sido comercializadas en las calles antes de su administración. Como algún ex - ministro lo ha recordado, el gobierno y el sindicato estuvieron conformes, empero: ¿cuál fue el efecto positivo y tangible de tales evaluaciones “consensuales” que se ejecutaron a costos altos sin dejar informe o rastro alguno a la opinión pública? Hoy día podemos afirmar categóricamente: ninguno. El sistema educativo continúo en caída libre como lo revelaron las pruebas PISA el 2001, las mediciones del aprendizaje escolar realizadas por el MED el 2001 y el 2004 y, más aguda y directamente, la evaluación docente 2002 que se realizó (con una cobertura de 95 219 docentes y a un costo menor a dos millones de soles) en 60 ciudades del país pese a la oposición de la burocracia del sector, las marchas del SUTEP y las tomas de Iglesias y de locales escolares.
Las evaluaciones docentes durante el régimen de Fujimori fueron pobrísimas pese al consenso con el SUTEP y a la disciplina con la que se ejecutaron porque las pruebas que se aplicaron carecieron de toda seriedad científica. No es que sus resultados no se aprovecharan sino que por su pobreza académica no hubo nada que aprovechar de ellas. La razón es simple: ¿Puede evaluarse razonable y seriamente las competencias profesionales de docentes de Matemática, Educación Física, Inglés, Educación artística, Lenguaje, Historia, Educación especial, Educación inicial y muchas áreas más con una y la misma prueba?; ¿Puede con una prueba única y monocorde diagnosticarse las debilidades de la formación docente para planificar en qué hay que capacitar al profesor de Matemática, de Inglés, de Biología, de Lenguaje, etc.? No se necesita ser un investigador educacional para saber que la respuesta es un rotundo no y que lo que se hizo fue una seudo evaluación muy costosa y engañosa en la medida que se le hizo creer a los propios docentes y al país que la aprobación de tal prueba denotaba competencia profesional. Todo lo ocurrido, hasta la fecha, con nuestra educación demuestra crudamente que los acuerdos y consensos tomados a espaldas del conocimiento científico benefician a los políticos de coyuntura al precio del futuro del país.
Hoy tenemos la evidencia, gracias al bochornoso hecho que dio lugar a que las pruebas que se iban a administrar el 20 de diciembre pasado circularan libremente por INTERNET, que ellas reproducen exactamente el mismo esquema seudo evaluativo de los “expertos “de Fujimori, lo que se confirma leyendo el texto que se publicó en la página Web del MED. Los ministros han cambiado pero la mentalidad invariante que ha conducido nuestro sistema educativo a los últimos lugares del planeta goza de estabilidad al calor de un régimen que se siente distante del oscurantismo de los despotismos no ilustrados. Por añadidura, con ocasión del tráfico de pruebas, ha salido a la luz pública que el operador logístico de estas pruebas es la Fundación para el Desarrollo Agrario, un órgano especializado en Ciencias Naturales, presumiblemente en camélidos de altura.
Dicha fundación a la que se atribuye contratos onerosos con el MED para la aplicación del PLANCAD y el PLANGED durante el gobierno de Fujimori, se benefició también con contratos millonarios (S/. 5 684 458, 00 en el 2004 y S/. 2 482 330, 00 en el 2005-2006) con el MED durante el gobierno de Toledo aplicando y calificando pruebas. Dada la especialidad de sus directivos y su objetivo institucional naturalista e ingenieril, los desaciertos académicos y financieros del MED no requieren mayor explicación. Evidentemente, la presencia de este organismo en esta evaluación docente, a solicitud del MED, con un presupuesto que sería de S/. 28 000 000, 00, no sólo resulta injustificable y digna de investigación por parte del Congreso de la República , de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo sino que en lo ético y cognoscitivo es una ofensa a la inteligencia del Magisterio Nacional y de todos los peruanos
Las evaluaciones docentes durante el régimen de Fujimori fueron pobrísimas pese al consenso con el SUTEP y a la disciplina con la que se ejecutaron porque las pruebas que se aplicaron carecieron de toda seriedad científica. No es que sus resultados no se aprovecharan sino que por su pobreza académica no hubo nada que aprovechar de ellas. La razón es simple: ¿Puede evaluarse razonable y seriamente las competencias profesionales de docentes de Matemática, Educación Física, Inglés, Educación artística, Lenguaje, Historia, Educación especial, Educación inicial y muchas áreas más con una y la misma prueba?; ¿Puede con una prueba única y monocorde diagnosticarse las debilidades de la formación docente para planificar en qué hay que capacitar al profesor de Matemática, de Inglés, de Biología, de Lenguaje, etc.? No se necesita ser un investigador educacional para saber que la respuesta es un rotundo no y que lo que se hizo fue una seudo evaluación muy costosa y engañosa en la medida que se le hizo creer a los propios docentes y al país que la aprobación de tal prueba denotaba competencia profesional. Todo lo ocurrido, hasta la fecha, con nuestra educación demuestra crudamente que los acuerdos y consensos tomados a espaldas del conocimiento científico benefician a los políticos de coyuntura al precio del futuro del país.
Hoy tenemos la evidencia, gracias al bochornoso hecho que dio lugar a que las pruebas que se iban a administrar el 20 de diciembre pasado circularan libremente por INTERNET, que ellas reproducen exactamente el mismo esquema seudo evaluativo de los “expertos “de Fujimori, lo que se confirma leyendo el texto que se publicó en la página Web del MED. Los ministros han cambiado pero la mentalidad invariante que ha conducido nuestro sistema educativo a los últimos lugares del planeta goza de estabilidad al calor de un régimen que se siente distante del oscurantismo de los despotismos no ilustrados. Por añadidura, con ocasión del tráfico de pruebas, ha salido a la luz pública que el operador logístico de estas pruebas es la Fundación para el Desarrollo Agrario, un órgano especializado en Ciencias Naturales, presumiblemente en camélidos de altura.
Dicha fundación a la que se atribuye contratos onerosos con el MED para la aplicación del PLANCAD y el PLANGED durante el gobierno de Fujimori, se benefició también con contratos millonarios (S/. 5 684 458, 00 en el 2004 y S/. 2 482 330, 00 en el 2005-2006) con el MED durante el gobierno de Toledo aplicando y calificando pruebas. Dada la especialidad de sus directivos y su objetivo institucional naturalista e ingenieril, los desaciertos académicos y financieros del MED no requieren mayor explicación. Evidentemente, la presencia de este organismo en esta evaluación docente, a solicitud del MED, con un presupuesto que sería de S/. 28 000 000, 00, no sólo resulta injustificable y digna de investigación por parte del Congreso de la República , de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo sino que en lo ético y cognoscitivo es una ofensa a la inteligencia del Magisterio Nacional y de todos los peruanos
Sigfredo Chiroque
EVALUANDO A LA EVALUACIÓN DOCENTE
EVALUANDO A LA EVALUACIÓN DOCENTE
Desde que se inició el anuncio público del proceso (26 de septiembre 2006), es evidente que hubo fallas de concepción, de estrategias y de contextualización de la medida (ver nuestro artículo en “La República”, 13 de noviembre 2006). Por ello, aunque se cambie la fecha o se garantice la presencia de los 45 mil docentes contratados para el próximo 8 de enero 2007, la medida seguirá adoleciendo de limitaciones fundamentales.
Claro que la evaluación docente es una necesidad. Pero ella debe tener tres rasgos fundamentales: Estar de veras integrada a procesos más amplios, estar técnicamente diseñada y socialmente concertada. La concertación que señalamos no es negociación reservada sobre asuntos externos al proceso evaluativo; sino un abierto ponerse de acuerdo sobre la concepción, la estrategia y la contextualización de la evaluación docente. En nuestro caso, deberían arribar a esta concertación: el MED, el SUTEP, el Colegio de Profesores y alguna otra institución (podría ser alguna representación de las instituciones de formación magisterial y/o del Consejo Nacional de Educación). Operativamente debería arribarse a acuerdos referidos a: para qué, qué y cómo evaluar; a quiénes, con qué instrumentos,en qué circunstancias y lugares evaluar; quiénes los responsables de elaborar, administrar y procesar los instrumentos; qué uso hacer de sus resultados.
Debe existir coherencia entre la concepción, las estrategias y el contexto. No puede postularse que se hace evaluación para capacitar a los maestros y para ello se decide una evaluación “censal”, cuando es irreal un sistema personalizado de formación continua al magisterio. No se puede hablar de censal una prueba para 261 mil de los 323 mil docentes, dejándose de lado a maestros de algunos niveles educativos. No se puede afirmar que se trata de “evaluar desempeños” docentes, con pruebas de alternativas múltiples y sólo referidas a tres tópicos temáticos (¿por qué no evaluar, digamos, los desempeños socio-culturales del magisterio? ¿acaso éstos no son importantes también?). No se puede evaluar al magisterio, sin considerar el mejor momento para hacerlo: Ni diciembre 2006 (entrega de notas y programación del año escolar 2007, de por medio), ni el 8 de enero 2007 (fecha de vacaciones legalmente reconocidas al magisterio) son circunstancias oportunas. No se puede evaluar a los maestros simplemente para ratificar lo que ya se sabe: ¡que están mal! Importa ubicar la medida dentro de una estrategia más amplia, como la puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación. Y esto significa, diferenciar medidas de evaluación para nombramientos y ascensos (se presentan los que postulan para ello) o evaluación para fines de capacitación (donde basta hacer muestras técnicamente diseñadas).
La postergación de la evaluación docente debería ser aprovechada para un replanteamiento sustantivo de la misma. El ánimo magisterial, ahora, es diverso. La argumentación de los organizadores y difusores de que: “la evaluación docente es necesaria, por lo tanto ‘esta’ evaluación docente es necesaria” ha profundizado la confusión de los maestros. También ellos, al rechazar “esta” evaluación, han sido predispuestos a rechazar toda evaluación. Hay un nuevo estado de ánimo en el magisterio y en la sociedad (que ha sido inducida a satanizarlo). Y en este contexto, importa recomponer las relaciones de los actores educativos en diálogo abierto, antes que insistir en fechas y acusaciones que, ahora, resultan secundarias. Alguna institución mediadora debería existir para hacer esta recomposición en aras de la educación de nuestro pueblo.
Lunes, 13 de noviembre de 2006La República
Claro que la evaluación docente es una necesidad. Pero ella debe tener tres rasgos fundamentales: Estar de veras integrada a procesos más amplios, estar técnicamente diseñada y socialmente concertada. La concertación que señalamos no es negociación reservada sobre asuntos externos al proceso evaluativo; sino un abierto ponerse de acuerdo sobre la concepción, la estrategia y la contextualización de la evaluación docente. En nuestro caso, deberían arribar a esta concertación: el MED, el SUTEP, el Colegio de Profesores y alguna otra institución (podría ser alguna representación de las instituciones de formación magisterial y/o del Consejo Nacional de Educación). Operativamente debería arribarse a acuerdos referidos a: para qué, qué y cómo evaluar; a quiénes, con qué instrumentos,en qué circunstancias y lugares evaluar; quiénes los responsables de elaborar, administrar y procesar los instrumentos; qué uso hacer de sus resultados.
Debe existir coherencia entre la concepción, las estrategias y el contexto. No puede postularse que se hace evaluación para capacitar a los maestros y para ello se decide una evaluación “censal”, cuando es irreal un sistema personalizado de formación continua al magisterio. No se puede hablar de censal una prueba para 261 mil de los 323 mil docentes, dejándose de lado a maestros de algunos niveles educativos. No se puede afirmar que se trata de “evaluar desempeños” docentes, con pruebas de alternativas múltiples y sólo referidas a tres tópicos temáticos (¿por qué no evaluar, digamos, los desempeños socio-culturales del magisterio? ¿acaso éstos no son importantes también?). No se puede evaluar al magisterio, sin considerar el mejor momento para hacerlo: Ni diciembre 2006 (entrega de notas y programación del año escolar 2007, de por medio), ni el 8 de enero 2007 (fecha de vacaciones legalmente reconocidas al magisterio) son circunstancias oportunas. No se puede evaluar a los maestros simplemente para ratificar lo que ya se sabe: ¡que están mal! Importa ubicar la medida dentro de una estrategia más amplia, como la puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación. Y esto significa, diferenciar medidas de evaluación para nombramientos y ascensos (se presentan los que postulan para ello) o evaluación para fines de capacitación (donde basta hacer muestras técnicamente diseñadas).
La postergación de la evaluación docente debería ser aprovechada para un replanteamiento sustantivo de la misma. El ánimo magisterial, ahora, es diverso. La argumentación de los organizadores y difusores de que: “la evaluación docente es necesaria, por lo tanto ‘esta’ evaluación docente es necesaria” ha profundizado la confusión de los maestros. También ellos, al rechazar “esta” evaluación, han sido predispuestos a rechazar toda evaluación. Hay un nuevo estado de ánimo en el magisterio y en la sociedad (que ha sido inducida a satanizarlo). Y en este contexto, importa recomponer las relaciones de los actores educativos en diálogo abierto, antes que insistir en fechas y acusaciones que, ahora, resultan secundarias. Alguna institución mediadora debería existir para hacer esta recomposición en aras de la educación de nuestro pueblo.
Lunes, 13 de noviembre de 2006La República
Patricia Arregui
Sobre la evaluación docente
Domingo, 17 de DiciembreLa República
Sobre la evaluación docente
Domingo, 17 de DiciembreLa República
En los planes divulgados, faltan aún muchos elementos de una buena evaluación. No se ha reflexionado, coordinado ni concertado lo suficiente como para garantizar que su diseño, aplicación y análisis sean útiles. No se ha informado suficientemente qué conocimientos o capacidades específicas van a ser evaluados ni con qué criterios "cualitativos". No se conocen las especificaciones que han guiado la elaboración de las pruebas, la experiencia que sus autores tienen en ese campo ni los mecanismos de validación que se han podido usar en tan corto lapso. No es claro qué se va a aprender que no se conozca ya ampliamente a partir de pruebas que han rendido miles de docentes en años recientes para obtener plazas o como parte de estudios de diversa naturaleza.
La promesa de que los resultados serán usados para diseñar programas personalizados de capacitación a implementarse en universidades el próximo mes parece bastante fantasiosa. Más aun, y contra la intención de este gobierno, la manera apresurada en que se está procediendo restará legitimidad y debilitará a la evaluación como instrumento de políticas, ya que su eficacia para impulsar procesos de mejoramiento depende en gran parte de la confianza que tengan los docentes y la ciudadanía en el rigor, calidad y pertinencia de los instrumentos utilizados. El proceso en curso hace menos viable la pronta implementación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Obstaculiza y retrasa el debate y aprobación de una nueva ley de carrera pública magisterial que tenga en la evaluación un mecanismo fundamental para el ingreso, ascenso y salida del ejercicio docente. Absorbe energías y recursos que merecerían estar más bien orientados a diseñar un paquete integrado de medidas que pudieran contribuir a un muy necesario fortalecimiento de la profesión docente. Enturbia el ambiente de manera tal, que hace poco posible imaginar una puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional, al cual han expresado su adhesión miles de maestros del país, luego de haber participado en su elaboración y revisión. No veo nada bueno que pueda surgir de este ejercicio. Quedarán desprestigiados tanto la cúpula gremial que no ha sabido o podido responder de manera inteligente y oportuna ante los primeros anuncios de la evaluación y parece haber preferido negociar privilegios o continuidades como un ministerio que se limita –sí o sí– a cumplir la voluntad suprema del gobernante, sin objetivos claros ni viables. Se corre el riesgo, además, de sufrir las consecuencias de medidas violentistas impulsadas por infiltrados y fundamentalistas que están prestos a agudizar contradicciones por doquier, con el resultado de que se endurecerán posiciones.
La promesa de que los resultados serán usados para diseñar programas personalizados de capacitación a implementarse en universidades el próximo mes parece bastante fantasiosa. Más aun, y contra la intención de este gobierno, la manera apresurada en que se está procediendo restará legitimidad y debilitará a la evaluación como instrumento de políticas, ya que su eficacia para impulsar procesos de mejoramiento depende en gran parte de la confianza que tengan los docentes y la ciudadanía en el rigor, calidad y pertinencia de los instrumentos utilizados. El proceso en curso hace menos viable la pronta implementación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Obstaculiza y retrasa el debate y aprobación de una nueva ley de carrera pública magisterial que tenga en la evaluación un mecanismo fundamental para el ingreso, ascenso y salida del ejercicio docente. Absorbe energías y recursos que merecerían estar más bien orientados a diseñar un paquete integrado de medidas que pudieran contribuir a un muy necesario fortalecimiento de la profesión docente. Enturbia el ambiente de manera tal, que hace poco posible imaginar una puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional, al cual han expresado su adhesión miles de maestros del país, luego de haber participado en su elaboración y revisión. No veo nada bueno que pueda surgir de este ejercicio. Quedarán desprestigiados tanto la cúpula gremial que no ha sabido o podido responder de manera inteligente y oportuna ante los primeros anuncios de la evaluación y parece haber preferido negociar privilegios o continuidades como un ministerio que se limita –sí o sí– a cumplir la voluntad suprema del gobernante, sin objetivos claros ni viables. Se corre el riesgo, además, de sufrir las consecuencias de medidas violentistas impulsadas por infiltrados y fundamentalistas que están prestos a agudizar contradicciones por doquier, con el resultado de que se endurecerán posiciones.
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